Afecta a los servicios de citas por Internet

El amor en los tiempos de cuarentena: aplicaciones de citas habilitan video chats. En todo el mundo varios países han entrado en cuarentena y eso afecta a las relaciones humanas.Conoce las ... Además, se brindará atención el último sábado de agosto y los cuatro sábados de septiembre en un horario de 9:00 a 14:00 horas, el equivalente a 63 mil citas más. El Servicio de ... Por que la crisis no afecta a los sitios de citas en internet? David Guiu Comunicados de Prensa La crisis esta afectando a casi todos los sectores financieros, excepto a las páginas para buscar pareja en internet, cuya popularidad continua en aumento y cada día cuentan con más usuarios. Noticias de citas por internet en La Nación. Secciones Toggle navigation ... la Junta Directiva de la CCSS advirtió de que el plan afectaría sus finanzas porque obligaría a reprogramar todos los servicios que presta la institución, especialmente los relativos a la atención de la salud. ... El ajuste de fecha afecta específicamente a ... Aunque la edad mínima en Estados Unidos para usar servicios de internet suele ser de 13 años, los servicios de citas suelen requerir que los usuarios tengan al menos 18 años debido a las ... Lanzada gradualmente en 2019 en el continente americano y en el sudeste asiático, una nueva función de la red social -Facebook dating- ya está «entre los primeros servicios de citas en línea», afirmó el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a finales de enero, y añadió que esperaba que «siguiera creciendo».

Cuando David* se fue a vivir con su novio, no sabía todavía que estaba “metiendo al monstruo en casa”. Los celos enfermizos y los pellizcos por mirar a otros chicos no le pusieron en alerta. Tampoco había conocido maltrato en su entorno.

2017.06.27 07:31 albedrio Cuando David* se fue a vivir con su novio, no sabía todavía que estaba “metiendo al monstruo en casa”. Los celos enfermizos y los pellizcos por mirar a otros chicos no le pusieron en alerta. Tampoco había conocido maltrato en su entorno.

MARÍA ZUIL TAGSHOMOSEXUALIDADVIOLENCIA DE GÉNEROAGRESIÓN MALTRATOACTIVISMO LGTB TIEMPO DE LECTURA11 min 27.06.2017 – 05:00 H. - ACTUALIZADO: 2 H. Cuando David* se fue a vivir con su novio, no sabía todavía que estaba “metiendo al monstruo en casa”. Los celos enfermizos y los pellizcos por mirar a otros chicos no le pusieron en alerta. Tampoco había conocido maltrato en su entorno, ni había oído hablar de este problema dentro del colectivo gay. Todas las señales fallaron. La primera agresión, como todas las que vendrían después, fue por un motivo absurdo. Su novio quería coger el coche para comprar unas pizzas cerca de casa. “Le dije que fuéramos paseando porque estaba bien aparcado y cuesta mucho en nuestra zona, pero se puso hecho una fiera y cogió un cuchillo. Me tiré al suelo y me rasgó el pantalón para sacar las llaves”, recuerda hoy, casi diez años después de comenzar la relación de la que aún se está recuperando. El 27% de hombres y 34% de mujeres LGBTI reconocen haber sufrido maltrato en algún momento Llevar un amigo a casa, subir las ventanillas del coche o cerrar las ventanas en su habitación de hotel durante las vacaciones fueron algunos de los motivos por los que sufrió agresiones de quien después se convirtió en su marido, además de amenazas, chantajes emocionales y maltrato psicológico. Incluso después de romper la relación y de que su pareja se negase a irse de su casa, siguió soportando ataques violentos durante año y medio, que se saldaron por la vía judicial con una orden de alejamiento y 50 euros de multa. Como Davir, el 27% de los homosexuales varones reconocen haber sufrido violencia física, psicológica o sexual en algún momento dentro de una relación del mismo sexo. La cifra se eleva al 34% en el caso de las mujeres lesbianas. Unos números tan alarmantes como invisibles, que superan proporcionalmente a los de la violencia machista, que afecta a un 12,5% de las mujeres en España. Ambas son realidades distintas, pero con muchos puntos comunes, como señala Isabel González, autora del estudio que recoge estos datos y arroja por primera vez algo de luz sobre este problema social en España, basándose en entrevistas a 900 personas. “Hay mucho desconocimiento y silencio, estamos como la violencia de género hace treinta años”, apunta la psicóloga, que todas las semanas recibe casos de maltrato intragénero en Cogam, el colectivo LGTBI de Madrid. A nivel internacional, los pocos estudios que analizan la violencia entre homosexuales coinciden en sus estimaciones o incluso las superan, como éste que eleva al 47,5% el número de mujeres homosexuales maltratadas y al 30% en el caso de los hombres. La encuesta nacional británica sobre la violencia también recogía en 2009 una diferencia de un 13% de maltrato en parejas gais frente al 5% de heterosexuales. Tras las cifras, pocas explicaciones y muchos prejuicios. La desigualdad no entiende de orientación Para que exista maltrato debe existir primero una percepción de desigualdad. En el caso de la violencia de género, surge de una visión machista que provoca una sensación de superioridad por parte del agresor por una mera cuestión de sexo. En las parejas homosexuales, esta diferencia desaparece pero eso no convierte a ambos en iguales. La dependencia emocional, económica o la falta de autoestima, marcan a menudo la pauta del maltrato. “Que tengan el mismo sexo no quiere decir que tengan el mismo poder”, explica Lidia Mendieta, psicóloga del Servicio de Atención a la Violencia Intragénero. Además, según los expertos, también los roles del mal entendido amor romántico, como la posesión o los celos, rigen este tipo de relaciones igual que lo hacen en las heterosexuales. Sentía que tenía que cuidarla y acabé siendo yo la dependiente Por eso, los primeros indicios de la violencia en parejas LGTB no se diferencian demasiado de la machista. “El comienzo es similar en ambos tipos, van escalando, aunque en las relaciones homosexuales va mucho más deprisa, sobre todo en las mujeres, porque son más intensas y pasionales en todos los sentidos”, comenta Isabel González, que apunta a este motivo como razón de que las mujeres sean las que más agresiones psicológicas sufren de parte de sus parejas y se equiparan en las físicas con los hombres. Lucía* vivió de las dos por parte de su pareja, nada más empezar a salir juntas. Lo que en un principio interpretó como un carácter difícil, se fue tornando en desprecio y castigos emocionales. “A veces íbamos a ver a su familia, que vive fuera de Madrid, y no me hablaba en todo el fin de semana porque algo que no tenía nada que ver conmigo le había molestado”, recuerda. Los problemas psicológicos que tenía su pareja fueron generando una dependencia emocional de la que Lucía no fue capaz de salir y que pronto cambió la dinámica de la pareja: “Sentía que tenía que cuidarla y acabé siendo yo la dependiente”. Lucía recuerda con vergüenza muchos de los episodios que vivió hace ya cuatro años y en los que apenas se reconoce. “A los tres meses me dijo que no sentíamos lo mismo y que como yo estaba muy pillada no podía salir con nadie más, pero que ella sí”, rememora. “Un día me dijo que había conocido a otra chica por Internet y que iban a quedar, pero es que encima me hizo ir a la cita. Se lió con esa chica en mis narices y al volver a casa intentó tener sexo conmigo. Me negué, pero insistió e insistió, hasta el punto que me sentí abusada”. El 90% de los encuestados en el estudio de González reconocieron haber vivido la violencia en una relación estable y un 84% han intentado romper la relación. En el caso de Lucía no hizo falta: “A los 15 días de la última agresión llegué a casa y se había ido. Se llevó sus cosas, y algunas mías, y nunca más la volví a ver. Y aun así yo me sentía culpable”. Desprotección legal De lo que no se habla no existe y en la invisibilidad del problema se encuentra otro de los grandes escollos de la violencia intragénero: a las víctimas les cuesta reconocerse como tales. Y aunque lo hagan, tampoco existen canales donde pedir ayuda, y mucho menos, un respaldo legal. El abuso entre personas del mismo sexo no está incluido en la Ley de Violencia de Género de 2014 y no existe ninguna normativa estatal específica para este problema. En la Comunidad de Madrid se aprobó una ley hace unos meses que la contemplaba​ pero sin ninguna aplicación práctica todavía, según denuncian miembros del colectivo LGTB. Por ese motivo, -y por los prejuicios-, las víctimas se encuentran desamparadas cuando acuden a la Policía a denunciar, y se enfrentan a situaciones ilógicas, como que los dos sean detenidos en el mismo calabozo. “En la Policía no estamos preparados en este sentido, con la violencia de género sí existe un protocolo, pero aquí depende de la concienciación y sensibilidad del agente que te toque en la comisaría”, reconoce la policía Begoña Gallego, responsable de este tema en la asociación LGTBIpol formado por agentes homosexuales de las fuerzas del Estado. “Podemos acogernos a algunos artículos ambiguos y considerarlo, por ejemplo, delito de odio o violencia intrafamiliar, pero incluso así es complicado”. Conté mi caso [al 016] y cuando mencioné 'ella' automáticamente me dijeron que ahí no me podían atender Además, reconocen que es más difícil estimar quién es el agresor si ambos se acusan, y a menudo la sociedad también cuestiona por qué la víctima permitió el ataque. “Mucha gente, incluso gay, me pregunta por qué no me defendía, como cuando antiguamente se decía a la víctima de una violación si se había defendido lo suficiente”, señala David, que después de divorciarse debe pasar una pensión mensual al que fuera su agresor porque ganaba más que él. “Cuando alguien te trata así eres como un objeto, pero yo no le veía así, yo le quería y cuando quieres a alguien no puedes hacerle daño”, añade. No existe ningún registro de la cantidad de personas que mueren asesinadas por su pareja del mismo sexo. Sólo se conocen cuando alguna se cuela entre los titulares, como el apuñalamiento hace apenas dos meses de una mujer de 57 años a manos de su novia de 53 en Badalona. Tampoco hay lugares de acogida si romper con el agresor implica quedarse sin casa. En el caso de las mujeres a veces encuentran un sitio en los hogares para mujeres maltratadas, pero los hombres a veces son dirigidos a albergues para personas sin hogar, en el mejor de los casos. Ni si quiera el número de atención a la víctima 016 les atiende. Cuando Marta* decidió acudir a este teléfono pidiendo ayuda por el maltrato psicológico al que la sometía su novia, le colgaron el teléfono. “Conté mi caso y cuando mencioné 'ella' automáticamente me dijeron que ahí no me podían atender. Volví a llamar evitando hace referencia al sexo y ya me orientaron”, explica. Durante meses Marta lidió con la inestabilidad de una pareja abusiva y con la confusión de que por primera vez a sus 33 años le gustase otra mujer. Este cambio en su orientación sexual era la excusa perfecta que su pareja la atacase y controlase: “No le gustaba que saliese con mis amigos y me fui aislando”. Según los expertos, los bisexuales son precisamente los que más violencia sufren. “Cuando un miembro de la pareja es bisexual y el otro no, el segundo tiene miedo a que le dejen por alguien del otro sexo, y hay más rechazo por la homofobia interiorizada”, explica la psicóloga Isabel González.
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2015.07.26 15:20 emenavarro Algunos puntos básicos sobre neutralidad de la red, propiedad intelectual e industrial que podrían conformar un programa de mínimos para un posterior desarrollo jurídico.

La libertad de expresión, de creación y de comunicación son derechos especialmente protegidos tanto en la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta última eleva también a rango de derecho fundamental el acceso a la cultura.
La participación directa de la ciudadanía en las políticas de sus territorios, también son derechos principales recogidos en las normas anteriormente citadas.
Por otro lado, la economía financiera, basada en la especulación y el acaparamiento, está suponiendo un peligro para la ciudadanía que ve mermados sus derechos básicos tales como el Trabajo, la Sanidad, la Educación y las prestaciones sociales, en favor de los intereses de las grandes empresas multinacionales, lo que también está teniendo un enorme impacto en el acceso a la cultura. Frente al modelo capitalista financiero surge un nuevo paradigma que tiene en su base una economía cooperativa o del bien común que, sin excluir la iniciativa privada, antepone el bienestar general al interés particular. Incluso las economías más competitivas tienen un mayor desarrollo y generan una mayor variedad de oferta, cuando se puede competir en igualdad de condiciones.
Internet forma ya parte de la vida cotidiana, tanto de la privada como de la pública. Las prestaciones que ofrece esta tecnología favorecen el desarrollo económico, cultural, artístico, intelectual y científico de la sociedad, a la vez que se convierte en un instrumento de libertades civiles, pues favorece el acceso a la información y hace viable, real y efectiva, la libertad de participación, expresión y comunicación.
Frente a este panorama de igualdad de oportunidades se están sucediendo constantes intentos, frecuentemente con éxito, de apropiación del procomún, privatización de la red y de control de la misma por parte de la oligarquía especulativo-financiera, que mermaría tanto la igualdad de oportunidades, como el derecho a las libertades anteriormente citadas, al dejar en manos de empresas privadas y multinacionales el control de la red, su neutralidad y sus contenidos, ya sea ésta por vías políticas o, simplemente, económicas, imponiendo barreras económicas de acceso y penalizaciones.
La privatización de la red, su censura o, simplemente su limitación de acceso, ya sea por razones económicas, políticas, tecnológicas, o de otra índole, afecta directamente tanto a la normalización de una democracia participativa, como a la producción artística, cultural, científica e industrial, mermando la igualdad de oportunidades, e impidiendo un pleno desarrollo y la implantación de una próspera economía colaborativa y orientada hacia el bien común.
Además, la Constitución Española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Declaración Universal de Derechos Humanos, contemplan el derecho fundamental a la protección de la propiedad intelectual, comprendiendo la producción artística, literaria y científica. Cabe añadir, que no puede establecerse una diferencia básica entre la propiedad intelectual y la industrial pues ésta es fruto de la primera.
Por tanto, igual que es fundamental la protección de estos derechos, también lo es la protección de los nuevos vehículos que pueden garantizarlos y por consiguiente, el acceso a las tecnologías de la participación y comunicación como tal derecho debe ser considerado y protegido. Asimismo, se debe tener en cuenta la protección en materia intelectual y la producción de ella derivada, de manera que sin lesionar la preferencia del bien común frente al particular, proteja e incentive tanto la creación individual como la colectiva.
1.- Neutralidad de la Red.
“Una red neutral es aquella que está libre de restricciones en las clases de equipamiento que pueden ser usadas y los modos de comunicación permitidos, que no restringe el contenido, sitios y plataformas, y donde la comunicación no está irrazonablemente degradada por otras comunicaciones”.
2.- Simetría de red
La oferta actual de los proveedores de servicios de internet está más enfocada a un tráfico pasivo que a uno productivo o participativo. Las diferencias entre la capacidad de “bajada” y de “subida” de datos son evidentes. Es una oferta pensada para el consumo pasivo y que deja en inferioridad de condiciones a muchas empresas y particulares por meras razones económicas. Así pues quienes tengan mayores recursos económicos, ya sean empresas o particulares, les será más fácil y asequible poner a disposición en la red toda su oferta de productos y servicios. Sirva como ejemplo una multinacional del entretenimiento que, disponiendo de servidores propios, el “subir” todos sus contenidos a la red en formatos de altísima calidad, no supone mayor problema, ni tiempo, pues no necesitan velocidad de “subida” para una mera transferencia de archivos a los servidores. En cambio, una pequeña discográfica, productora o artistas independientes, tienen que depender de la velocidad de “subida” de su proveedor, y del uso de servidores externos, para poder poner a disposición general su catálogo en alta calidad lo que puede suponer la pérdida muchas horas, cierta pérdida del control de su obra y una notable falta de competitividad.
Por otro lado, una escasa capacidad de subida de contenidos merma considerablemente el derecho a la comunicación, expresión e información de la ciudadanía, frente a los grandes lobbys de poder. Sirva de ejemplo la participación ciudadana denunciando situaciones mediante fotografías, vídeos y otros documentos audiovisuales, que contrarrestan la manipulación mediática y garantizan la pluralidad informativa.
Así pues, se debe garantizar la protección legal tanto de la Neutralidad de la Red, como de su simetría, de manera que, sin mermar los derechos individuales, garantice la consecución de una sociedad orientada hacia el bien común.
3.- Propiedad intelectual e industrial
La legislación Estatal, Comunitaria y Universal, considera a la propiedad intelectual como un derecho irrenunciable. Si bien esta “irrenunciabilidad” , inherente a todo derecho fundamental, es efectiva en cuanto a los derechos morales, básicamente el reconocimiento formal de la autoría, el desarrollo normativo actual pervierte la irrenunciabilidad anteriormente citada al permitir por ley la cesión de derechos a terceros, cesión que se traduce en la pérdida de control de la obra por parte de quien la creó. Esta cesión, que se formaliza a través de contratos editoriales, impide incluso la difusión y promoción de las obras cedidas fuera de los criterios industriales actuales en los que priman los económicos por encima de los artísticos. Una industria artística y cultural que solo difunde aquellas obras que son rentables, económicamente hablando y además lo hace con un criterio absolutamente privativo de la propiedad intelectual, conculca los derechos anteriormente citados tanto de quienes crean las obras como de la sociedad en general y lesiona gravemente el acervo cultural y artístico universal.
Internet supone una plataforma vehicular para el pensamiento en todas sus formas de expresión. Desde las expresiones artísticas tradicionales, tales como la literatura, la música y las artes visuales, hasta las más novedosas que se han visto favorecidas por el alto desarrollo tecnológico, pueden hoy mostrarse al mundo con relativa facilidad de acceso universal. Esto ha favorecido la aparición de dos importantes hitos en la historia de la Humanidad: la autogestión de la obra y la protección intelectual de la misma mediante una serie de licencias libres. Aspectos que están dando lugar a la aparición de nuevos modelos de explotación y difusión de la producción cultural e intelectual que, si bien no elimina intermediarios, cambia los actores, abarata la producción y precios y favorecen el acceso universal, enriquecen el acervo cultural e incentivan la creación por terceras personas.
Una obra con licencia privativa, si no era económicamente rentable se descatalogaba pero no se permitía a su autor o autora recuperarla. Hoy, con una licencia libre, independientemente del valor comercial de la misma, se puede acceder a ella y puede conservarse. Es más, trabajos que pudiesen no tener un gran valor artístico o comercial, al conservarse y ser accesibles pueden inspirar a terceras personas o colectivos la creación de obras de gran valor artístico.
Por otro lado todo este desarrollo tecnológico que favorece al artśitico, cultural y científico ha sido posible en gran medida por el llamado software libre. De hecho, es la aparición del software libre, creado en principio por una comunidad científica universitaria con fines altruistas, la que favorece la aplicación de licencias libres a la creación cultural, artística y científica e introduce la ética “hacker” en la producción cultural: difundir el conocimiento y favorecer la creación colectiva y colaborativa, dejando abiertas las herramientas (código) con las que fueron creadas. Tal es la influencia y el impacto de la ética hacker en la sociedad actual que, incluso, nuevos partidos y formaciones políticas han adoptado ese modelo para su funcionamiento.
4.- Investigación y patentes
Las políticas basadas en la economía especulativa, más que favorecer la inversión privada en I+D+I, tienen un interés especial en privatizar la Investigación. La merma paulatina y drástica de participación del Estado y Administraciones en la Investigación está pensada para ceder a manos privadas los resultados de las investigaciones, incluso en la Universidad y centros de investigación públicos lo que va en detrimento de la igualdad universal y en favor de una mayor brecha entre clases económicas.
Solo en algunos casos, y debido al altruismo de quienes realizaron la investigación, se ha cedido al dominio público, y por tanto protegido de la especulación, los resultados obtenidos en investigaciones que han supuesto un beneficio para toda la Humanidad, tal es el caso, entre otros, de la vacuna contra la poliomielitis o el protocolo TCP/IP
Así pues, tanto el Estado como las demás Administraciones deben incrementar la inversión pública en I+D+I y proteger los resultados obtenidos y las aplicaciones que de ellos se deriven para que pertenezcan a la ciudadanía, independientemente de que haya habido o no participación e inversión privada en ellos.
La protección mediante licencias libres o la devolución expresa al dominio público impiden las desigualdades tanto para el acceso a bienes, productos o servicios como en el desarrollo de oportunidades laborales y empresariales.
Por otro lado es también importante para el desarrollo industrial y general una revisión del sistema de patentes en España. Un sistema que actualmente penaliza la iniciativa individual frente a la empresarial por razones meramente económicas por los altos costes de las tasas que difícilmente una persona sin respaldo económico fuerte puede asumir.
5.- Patrimonio cultural, artístico, intelectual y científico
El Patrimonio español pertenece a su ciudadanía y también a la Humanidad en su conjunto. No es, por tanto, propiedad del Estado o de las demás Administraciones si no su responsabilidad y por ende el mantenimiento, conservación, mejora y difusión del mismo. Las Administraciones Públicas deben velar y facilitar el acceso y, aunque puedan explotarlo, en ningún caso debe ser considerado como privativo si no libre.
Así pues debe incrementarse el esfuerzo por digitalizar todos los fondos patrimoniales para facilitar su acceso, tanto con fines pedagógicos, educativos e investigadores como lúdicos o empresariales. En ningún caso los fondos patrimoniales deberán tener una licencia privativa, es decir, “todos los derechos reservados”. Tampoco la utilización de dichos fondos tanto con fines lucrativos, como de otra índole, y las obras que de ello se deriven podrán tener una licencia privativa.
Que se permita la participación de capital privado en el mantenimiento, mejora, aumento, difusión o conservación del Patrimonio español no significa que se puedan adquirir derechos privativos o preferenciales del mismo. Las Administraciones podrán estimular la inversión privada sin que ello merme la titularidad pública del Patrimonio.
6.- Derechos de autor y entidades de gestión
Quienes tienen o tengan capacidades creativas tienen el derecho a obtener un rendimiento económico de ellas e intentar hacer de su talento y creatividad su forma principal de vida. Este derecho se vería sustentado en parte a través de la Renta Básica Universal.
Los derechos de autor actuales, entendidos estos como derechos patrimoniales y económicos, están gestionados por las sociedades de gestión de derechos. Aunque la problemática actual de dichas entidades es variada, son cuatro los obstáculos principales a una gestión eficiente y eficaz de las mismas; la concepción de “derechohabiente”, la opacidad en el cálculo y reparto de los derechos económicos, el único tipo de licencia que se gestiona y el monopolio.
Se entiende por derechohabiente a la persona física o jurídica que obtiene derechos patrimoniales sobre una obra creada por una tercera persona. Esto deriva de la “cesión de derechos a terceros”. Esta cesión de derechos es común en la escena intelectual, literaria y artística ya que para poder editar una obra se cede por contrato como mínimo un 51% de los derechos de autor a la editorial y les confiere calidad de “coautoras” y por tanto el derecho a formar parte societaria de las entidades de gestión. Teniendo en cuenta que casi la totalidad de obras que forman parte del reparto habitual de derechos tienen participación editorial mayoritaria, también son las editoriales las que ostentan la mayoría de participación en dichas entidades. y por tanto su voto es el voto que pesa en las decisiones de las mismas incluyendo los métodos utilizados para calcular el reparto de los derechos económicos gestionados.
Tampoco se está utilizando un método objetivo y eficaz para el cálculo del reparto de beneficios generados, en cambio existen distintos estándares que permiten poner en valor la obra tanto la que circula por la red como la que se mueve por otros medios de interpretación, comunicación y difusión.
Actualmente, en España, las entidades de gestión de derechos de autor no admiten para gestionar obras con licencias libres, pero en cambio, sí que obtienen ingresos por su comunicación. Sirva de ejemplo un cantautor cuyas canciones tiene una licencia Creative Commons y que las interpreta en una sala de conciertos. Esa sala paga por las actuaciones una cuota a las entidades de gestión, y no solo a autores, si no también a otras entidades de intérpretes y ejecutantes, aunque el intérprete no pertenezca a ellas. esta cuota es un porcentaje por lo que se calcula que “vale” económicamente hablando la actuación o bien una cuota fija mensual o ambas. En cambio a ese cantautor la entidad de gestión no le liquida por los ingresos generados. Es más ningún socio o socia de la SGAE puede declarar obras con licencias libres en la entidad.
Hasta la reforma actual de la ley de propiedad intelectual para poder erigirse en sociedad de gestión se tenían que cumplir una serie de requisitos y obtener un informe positivo de una entidad de gestión existente, evidentemente estas medidas han mantenido en el monopolio a un pequeño número de entidades de gestión, de hecho no hay en España más de una entidad para la gestión de unos derechos específicos.
Con la reforma de la ley de propiedad intelectual es peor, pues aunque parece que liberaliza el “mercado” de la gestión de derechos lo que realmente hace con su redacción es facilitar la creación de entidades por las propias editoriales. Si los autores y autoras parecían tener cierta libertad en las sociedades de gestión actuales, con las nuevas se va a favorecer la esclavitud total.
Las entidades de gestión permiten la acumulación de votos en un solo socio y la mayoría de ellos no tienen derecho a voto. No tienen, por tanto un funcionamiento democrático.El derecho a voto y la cantidad de ellos se obtienen proporcionalmente a los rendimientos económicos generados, a partir de un mínimo. Estos rendimientos se calculan de manera opaca y aleatoria.
Por último es preciso subrayar que las entidades de gestión y sus socios mayoritarios, las editoriales multinacionales, es el lobby que mayor presión está ejerciendo para que se legisle, en todo el mundo, para censurar Internet y convertirlo en su monopolio en detrimento de los derechos fundamentales citados en este documento, el bien común y el conocimiento universal.
Tampoco debemos olvidar que la legislación en materia de propiedad intelectual, al ser ésta un derecho fundamental, es de potestad estatal sin perjuicio de su ejecución por las administraciones autonómicas y por tanto la situación actual de la problemática de los derechos de autor viene dada por la dejación de funciones de las administraciones públicas y su cesión a entidades privadas.
Programa de mínimos para la elaboración posterior de una ley marco de propiedad intelectual e industrial
1.-Se deberá garantizar el acceso a la red.
2.-La ciudadanía deberá recuperar el control de las operadoras de servicios de comunicaciones de propiedad estatal que fueron robadas y entregadas a manos privadas por los anteriores gobiernos, a fin de garantizar el acceso a las comunicaciones.
3.-Se deberá proteger la neutralidad de la red y establecer un plazo para la consecución de servicios simétricos.
4.-Se protegerá especialmente el derecho de cita.
5.-Se considerará, por ley, al enlace como cita y no podrá ser gravado ni económica ni judicialmente, ni el enlace ni su difusión por cualquier medio. Dicha protección se hará sin perjuicio de la legislación en materia de delitos informáticos. La difusión de una obra no podrá ser considerada delito ni infracción.
6.-Se deberá limitar el porcentaje de cesión de obras a terceros, de manera que el porcentaje que quede en propiedad de la persona creadora de la obra suponga la mayoría respecto de la misma.
7.-La participación de las Administraciones Públicas en obras de cualquier tipo que generen derechos de propiedad intelectual o industrial, incluyendo la investigación científica e industrial, supondrá la utilización de licencias libres en ellas, independientemente de que haya habido o no participación de capital privado y la explotación de los resultados por el mismo.
8.-La explotación de cualquier índole por parte de empresas privadas o públicas que hayan participado en las obras descritas en el apartado anterior, no podrá ser con carácter de exclusividad. De manera excepcional se podrá contemplar la explotación en exclusiva con carácter temporal. Dicha exclusividad temporal no podrá exceder de cinco años sin posibilidad alguna a la ampliación de dicho plazo. La exclusividad solo sería de aplicación a la explotación económica de la obra, en ningún caso se podrá impedir el libre acceso a ella para fines divulgativos, educativos o científicos o uso personal.
9.-Las Administraciones Públicas deberán incentivar y anteponer la creación y difusión de obras libres frente a privativas. Todo el patrimonio español pertenece a su ciudadanía y a la Humanidad, por tanto deberá tener una licencia de dominio público y que impida que terceras personas, físicas o jurídicas, puedan explotarla con carácter de exclusividad. El Ministerio de Cultura deberá incluir una Dirección General de Protección, Custodia y Difusión del Procomún.
10.-Las Administraciones Públicas y sus organismos y empresas de titularidad pública, deberán implementar el software libre en todas sus dependencias y garantizando la libertad de elección tecnológica de la ciudadanía.
11.-Se establecerá una hoja de ruta para la migración al software libre en todas las Administraciones. Dicha hoja de ruta deberá ser implementada en un plazo máximo de cinco años.
12.-Se deberán establecer mecanismos que faciliten y abaraten el coste de los registros de la propiedad intelectual e industrial. Se limitará el tiempo de exclusividad de derechos patrimoniales de autoría que no podrá exceder de cinco años, sin perjuicio del mantenimiento de los derechos de explotación, aunque dejarán de ser privativos.
13.-Las Administraciones Públicas deberán asumir la ejecución de la ley o leyes de propiedad intelectual y gestionar los derechos patrimoniales de autor.
14.-La gestión de los derechos patrimoniales de autor deberá ser objetiva y transparente, los autores y autoras podrán elegir libremente qué tipo de licencia utilizan para cada obra.
15.-El cálculo del reparto de derechos se deberá realizar mediante mecanismos objetivos y que tengan en cuenta toda la obra comunicada y las licencias bajo las cuales cada obra se pone a disposición.
16.-No se podrá restringir el derecho a cita de una obra publicada, por ser este el ladrillo sobre el que se eleva el edificio del conocimiento.
17.-La elección de licencia de la obra corresponde a la persona que la creó, no pudiendo ceder dicha decisión a terceros bajo ninguna forma ni condición.
18.-Las entidades de gestión deberán tener un funcionamiento democrático de manera que toda persona socia de la misma tenga el derecho a voto con un único voto y podrán presentarse libremente a ser cargos electos de la entidad.
19.-Las entidades de gestión deberán gestionar la obra registrada en ellas independientemente del tipo de licencia que el autor o autora haya elegido.
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